Por Lilian Carrera Miranda
En un contexto marcado por la desconfianza institucional y una creciente exigencia social, la innovación pública es una necesidad estructural, no una tendencia pasajera. Sin embargo, no toda innovación aporta valor: México requiere innovación institucional, aquella que se convierte en reglas, procesos duraderos y capacidades estables que trascienden los cambios de gobierno.
Una de las herramientas clave para lograrlo es el presupuesto, más que una asignación técnica de recursos, el presupuesto refleja los valores de un gobierno y a quién decide priorizar. Por ello, innovar en la forma de presupuestar es también innovar en la forma de gobernar.
Una gestión pública moderna no puede limitarse a gastar; debe hacerlo con calidad y con evidencia. Para lograrlo, los presupuestos deben diseñarse con metas claras, indicadores verificables, tableros públicos de seguimiento y mecanismos de evaluación proporcionales al riesgo. No se trata solo de justificar el gasto, sino de demostrar su impacto en la calidad de vida de la ciudadanía.
Incorporar enfoques como género, juventud o sostenibilidad no es un gesto simbólico, sino una necesidad democrática. La inequidad estructural en México demanda políticas públicas redistributivas, y el presupuesto es la herramienta más poderosa para lograrlas. Por ello, un presupuesto justo debe identificar brechas, asignar recursos para reducirlas y establecer mecanismos de seguimiento y corrección.
Una innovación pública efectiva no puede depender de liderazgos individuales ni de ciclos políticos; requiere institucionalización: unidades técnicas permanentes, capacidades profesionales, estabilidad financiera y marcos normativos que den continuidad a las buenas prácticas. De lo contrario, cada sexenio se reinventa la rueda, con altos costos de oportunidad y una creciente pérdida de legitimidad.
Transformar la gestión pública implica cambiar la lógica del presupuesto: dejar de verlo solo como un instrumento de control para convertirlo en una palanca de equidad y legitimidad democrática. Innovar con equidad no solo es posible, es urgente. Y hacerlo bien no depende de discursos, sino de estructuras que garanticen que cada peso asignado se traduzca en resultados medibles y sostenibles.