Por Selene de la Fuente Rivera
El desplazamiento que realizamos las personas en la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana es fragmentado. No solo nos movemos de un punto A a un punto B, hacemos estaciones de llegada momentanea y traslados en cadena para resolver tareas de la vida diaria. Nos movemos para ir al súper o por comida, llevar o recoger a niñas y niños de la escuela, acudir a cuidar a una persona adulta mayor o a un familiar, ir a trabajar a la oficina o a la fábrica, visitar amistades, ir al cine, salir a vender o “surtir”, acudir a una cita médica, hacer entregas o resolver trámites. La lista es diversa y los movimientos son todavía mayores: las personas nos movemos y nos encontramos en esta ciudad de forma permanente para sostener la vida, cuidar a quienes nos rodean y a nosotras mismas.
La vida en comunidad no aparece de la nada, se construye cooperando, confiando y generando vínculos capaces de sostenerse en el tiempo. Sin embargo, las ciudades actuales también reproducen una lógica individualista que nos empuja a resolver la vida cotidiana de manera aislada, incluidas las formas en que decidimos desplazarnos. Cada quien, en su coche, cada familia resolviendo sus cuidados y cada persona organizando sus trayectos como puede. Esta lógica debilita lo común, amenaza las formas en que nos organizamos para habitar, cuidar y movernos en la ciudad, y condiciona nuestra participación política, nuestras formas de organización social y las posibilidades de construir comunidad.
Por ello, es pertinente preguntarnos: ¿en qué condiciones nos movemos por la ciudad?, ¿podemos desplazarnos de manera segura?, ¿la infraestructura de movilidad facilita o dificulta los cuidados que todas las personas necesitamos? Reflexionar sobre estas cuestiones es un imperativo por dos razones: primero, porque todas las personas hemos requerido cuidados en alguna etapa de la vida o los requerimos de forma permanente. Segundo, porque, frente a una infraestructura de movilidad deficiente, las tareas de cuidado se vuelven más largas, costosas, desgastantes, y siguen adjudicándose de manera desproporcionada a las mujeres.
Resulta urgente colocar estas discusiones en el centro del debate público, especialmente en un contexto mundialista. Monterrey se prepara para recibir visitantes, miradas internacionales y nuevas exigencias de movilidad, sin embargo, esa misma ciudad seguirá siendo habitada todos los días por quienes viven, cuidan, trabajan y sostienen aquí la vida cotidiana. Por eso, la pregunta no debería ser únicamente si la ciudad está lista para recibir al mundo, sino si está lista para garantizar condiciones dignas, seguras y corresponsables para movernos tanto personas locales como extranjeras.
Para situarnos, Nuevo León cuenta con 5,784,442 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2021). Esta población se concentra mayormente en la Zona Metropolitana de Monterrey, donde viven 5,341,171 personas, lo que representa aproximadamente el 92.3% de la población estatal. Los 443,271 habitantes restantes se distribuyen en municipios y localidades fuera de esta zona metropolitana, incluidas áreas urbanas no metropolitanas y localidades rurales (INEGI, 2021; CONAPO, SEDATU e INEGI, 2025).
Concentrémonos, entonces, en ese 92.3% de la población que habita y se desplaza cotidianamente en la Zona Metropolitana de Monterrey. De acuerdo con el Informe final de la Evaluación en materia de diseño con trabajo de campo del Programa Presupuestario 11. Mantenimiento a la infraestructura vial, en esta zona se registran diariamente 11.3 millones de viajes metropolitanos. Además, el mismo informe identifica un problema central que dialoga con las preguntas planteadas anteriormente: “la población que habita y transita por el Municipio de Monterrey carece de infraestructura segura para disminuir (o evitar) los siniestros viales y atropellamiento” (Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos S. C., 2023, p. 8).
Esto significa que la Zona Metropolitana de Monterrey no solo concentra la mayor población de Nuevo León, sino que es un territorio donde las personas toman decisiones diarias de movilidad que están condicionadas por el tiempo, la distancia, la infraestructura de la ciudad, el tipo de transporte y los recursos disponibles. Es claro que este ciclo de movimientos diarios ocurre bajo un riesgo latente: la ciudad no está planificada ni construida para sostener la vida. Su infraestructura responde a otras lógicas, como la productividad, el desplazamiento individual y predominante del automóvil.
Esta visión se aleja del derecho a la ciudad, entendido como la posibilidad de apropiarnos del espacio urbano para vivirlo, transformarlo y participar activamente en su construcción colectiva; es decir, ejercer el “uso pleno y entero de los momentos y lugares” (Lefebvre, 1968, p. 167). Por eso, resulta urgente rehacer las ciudades desde una apuesta colectiva, como plantea Harvey (2008), transformar la ciudad implica también transformarnos con ella.
En ese sentido, garantizar el derecho a la ciudad requiere contar con infraestructura que potencie la posibilidad de habitar el espacio, acceder a servicios públicos, movernos con seguridad y sostener la vida cotidiana sin que ello implique más riesgo, más tiempo o mayor carga para quienes cuidan y para quienes reciben cuidados.
El derecho a la ciudad se vuelve una promesa incumplida cuando las vialidades, calles, banquetas y espacios verdes se arreglan solo porque nos visitan de fuera o para quienes se desplazan en automóvil. Si esas mejoras no se convierten en soluciones duraderas para quienes habitamos la ciudad día tras día, año tras año, corren el riesgo de ser apenas un telón: una escenografía temporal para el Mundial, pero no una transformación real de la vida urbana. Más aún cuando la ciudad se subordina a la industrialización y a la imagen, dejando de ser un lugar de simultaneidad y encuentro que reafirme la integración de todas las personas y clases sociales (Lefebvre, 1969).
Contar con una infraestructura adecuada para sostener la vida colectiva también conduce a garantizar el cuidado. Cuando hay transporte accesible, espacios habitables, áreas verdes y públicas, calles seguras para caminar y servicios cercanos, también se cuida desde lo público. Ante esto, cabe preguntarnos: ¿quién cuida?, ¿cómo se distribuye el trabajo?, ¿cuánto tiempo se dedica a cuidar a alguien más?, ¿qué condiciones ofrece la ciudad para que cuidar no implique mayor desgaste?
El trabajo del hogar y de cuidados continúa recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres, quienes con mayor frecuencia ajustan, interrumpen o postergan sus proyectos personales, educativos y profesionales para sostener la vida de otras personas. En Nuevo León, esta desigualdad también limita su participación laboral: según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2025, las mujeres no disponibles que desean trabajar representan el 51.8% y señalan como principal motivo para no buscar empleo el dedicarse al cuidado de otras personas.
Esta carga no se queda dentro del hogar, también organiza la forma en que las mujeres habitan y recorren la ciudad. De acuerdo con la Encuesta Así Vamos 2025, la movilidad es el principal problema identificado en Nuevo León (Cómo Vamos, Nuevo León, 2026). Aunque el trabajo es el principal motivo para salir de casa en la Zona Metropolitana de Monterrey, la diferencia por sexo es significativa: 34.0% de las mujeres salió por esta razón, frente al 68.3% de los hombres. En cambio, al sumar los desplazamientos asociados con tareas de cuidado, 30.6% de las mujeres salió por estos motivos, frente al 12.4% de los hombres.
Los motivos para permanecer en casa también muestran esta desigualdad, entre las mujeres, las principales razones fueron realizar tareas del hogar, trabajar desde casa y cuidar a otra persona. Estos datos permiten afirmar que la movilidad no es neutral, por el contrario, está atravesada por la división sexual del trabajo y por una ciudad que aún no reconoce ni redistribuye plenamente los cuidados.
A esto podríamos llamarle movilidad del cuidado, porque los traslados que no responden únicamente al empleo formal, sino a sostener la vida cotidiana de otras personas. Llevar, acompañar, recoger, comprar, atender, cuidar o resolver trámites y servicios también son formas de moverse en la ciudad. Sin embargo, cuando la infraestructura no reconoce estos trayectos, termina profundizando desigualdades, donde las mujeres invierten más tiempo y esfuerzo en desplazarse para cuidar, o permanecen en casa porque la ciudad no ofrece condiciones suficientes para compartir y redistribuir esa responsabilidad, es decir: llegar a ser corresponsables del cuidado.
Por eso, la movilidad en la zona metropolitana de Monterrey no puede pensarse solo como circulación vehicular ni como preparación logística para el Mundial. Cada traslado expresa una forma de organizar la vida: quién trabaja, quién cuida, quién espera, quién acompaña, quién puede salir y quién se queda. Si las intervenciones urbanas no reconocen esa dimensión, el Mundial puede dejar una ciudad más visible, pero no necesariamente más justa.
Garantizar el derecho a la ciudad implica construir infraestructura que no solo mueva personas, sino que también redistribuya tiempos, reduzca riesgos y haga posible cuidar sin profundizar desigualdades. Una ciudad preparada para el mundo tendría que ser, primero, una ciudad capaz de cuidar mejor a quienes la habitan todos los días.