Por Alma Rosa Saldierna
¿Sigue siendo el fútbol el “deporte del pueblo”? La pregunta no es retórica. Cada cuatro años, la FIFA organiza la Copa Mundial y la presenta como una celebración global del deporte, un acontecimiento capaz de trascender fronteras, clases sociales y diferencias culturales. Sin embargo, en esta ocasión, con México como una de las naciones anfitrionas, resulta pertinente cuestionar esa narrativa.
La premisa que aquí se plantea es sencilla, pero incómoda: el Mundial ha dejado de ser —si es que alguna vez lo fue— un espacio plenamente accesible para las mayorías y se ha consolidado como un evento de acumulación económica y proyección política que reproduce, más que atenúa, las desigualdades estructurales de las sociedades que lo albergan.
Esta afirmación no busca desestimar el enorme peso simbólico y emocional que el fútbol conserva. Por el contrario, pretende preguntarse quiénes se benefician realmente de este espectáculo global y quiénes quedan excluidos de él.
El fútbol construyó buena parte de su legitimidad social sobre una idea poderosa: cualquiera puede jugarlo. A diferencia de otros deportes que requieren equipamiento especializado o instalaciones costosas, basta un balón y un espacio improvisado para convertir cualquier terreno en una cancha.
Esa lógica también se trasladó al consumo del espectáculo. Durante décadas, ver un Mundial era una experiencia relativamente accesible gracias a la transmisión abierta de la mayoría de los encuentros. Sin embargo, el modelo actual parece avanzar en sentido contrario.
La edición de 2026 evidencia una creciente brecha entre el discurso de inclusión y la realidad del acceso. Los paquetes de hospitalidad comercializados por la FIFA alcanzan varios miles de dólares, mientras que los costos de transporte, hospedaje y alimentación en las ciudades sede se han incrementado significativamente ante la expectativa de la llegada masiva de turistas. A ello se suma la fragmentación de los derechos de transmisión, que obliga a los aficionados a contratar plataformas de paga para acceder a una parte importante del torneo.
Para México, la contradicción es evidente. Ser sede no implica necesariamente participar. Organizar por tercera ocasión una Copa Mundial no significa que la mayoría de los mexicanos pueda asistir a los partidos o disfrutar de todas las transmisiones. La condición de anfitrión no elimina las barreras económicas que separan a quienes pueden consumir plenamente el evento de quienes solo pueden observarlo desde la distancia.
Analizar estas desigualdades únicamente desde la perspectiva del consumo individual resulta insuficiente. Es necesario observar el papel que desempeña la FIFA como organización global.A lo largo de las últimas décadas, la FIFA ha dejado de ser exclusivamente un organismo regulador del fútbol para convertirse en un actor político y económico con una capacidad de negociación extraordinaria frente a los Estados nacionales. Su influencia le permite establecer condiciones que van mucho más allá de los aspectos deportivos.
Las ciudades y países anfitriones deben garantizar infraestructura, seguridad, movilidad urbana y adecuaciones legales para cumplir con los requerimientos establecidos por la organización. En muchos casos, estas inversiones son financiadas con recursos públicos bajo la promesa de beneficios económicos futuros derivados del turismo y la proyección internacional.Sin embargo, la distribución de las ganancias no necesariamente sigue la misma lógica.
De acuerdo con los reportes financieros de la FIFA, el ciclo mundialista genera ingresos superiores a los 11 mil millones de dólares, provenientes principalmente de derechos de transmisión, patrocinios y licencias comerciales. La mayor parte de esos recursos se concentra en la propia organización y en sus socios estratégicos, mientras que los beneficios para las poblaciones locales suelen ser más difíciles de medir y, en ocasiones, considerablemente menores a las expectativas iniciales.
La pregunta entonces resulta inevitable: ¿qué obtiene realmente la ciudadanía de un país sede? Más allá de la emoción colectiva, de la exposición internacional y de la narrativa de prestigio nacional, es legítimo preguntarse quiénes son los principales beneficiarios de este modelo de negocio deportivo global.
Existe una tendencia recurrente a separar el fútbol de la política. El primero suele presentarse como un espacio de emociones auténticas y espontáneas; la segunda, como un terreno dominado por intereses estratégicos y cálculos racionales. Sin embargo, la historia demuestra que ambas dimensiones están profundamente entrelazadas.
La organización de una Copa Mundial constituye una forma de diplomacia simbólica. Los gobiernos anfitriones aprovechan el evento para proyectar una imagen de estabilidad, modernidad y capacidad organizativa ante la comunidad internacional. El torneo se convierte así en una poderosa herramienta de construcción de imagen país.No obstante, esa imagen frecuentemente convive con realidades menos visibles. En México, la preparación para el Mundial ha implicado transformaciones urbanas, ajustes en la movilidad, inversiones públicas y restricciones comerciales vinculadas a los derechos exclusivos de la FIFA. Asimismo, la organización establece controles estrictos sobre el uso de marcas, símbolos, imágenes e incluso determinadas expresiones asociadas al torneo.
En consecuencia, el Mundial no solo es un evento deportivo. También es un espacio donde se negocian intereses económicos, se construyen narrativas políticas y se redefinen temporalmente las dinámicas urbanas de las ciudades anfitrionas.
A pesar de estas críticas, sería un error concluir que el Mundial ha perdido su capacidad de generar experiencias colectivas significativas.El partido inaugural de México en el Estadio Azteca —denominado oficialmente Estadio Ciudad de México para esta edición— provocó una oleada de entusiasmo que desbordó calles, plazas y hogares. La emoción compartida, los encuentros familiares y la apropiación festiva de los espacios públicos continúan siendo expresiones genuinas de identidad y pertenencia.
Precisamente ahí radica una de las paradojas más interesantes del fútbol contemporáneo. Aunque el espectáculo se encuentre cada vez más mercantilizado, la experiencia emocional sigue siendo producida por las personas y no por las corporaciones.La alegría que se observa en las calles, los festejos espontáneos y la posibilidad de ver algunos encuentros en televisión abierta —32 de los 104 partidos programados— no demuestran que el sistema sea equitativo. Más bien evidencian la capacidad de la ciudadanía para encontrar espacios de disfrute incluso dentro de estructuras que limitan su acceso pleno al evento.
Este Mundial nos coloca frente a una contradicción difícil de ignorar. Por un lado, persiste una emoción colectiva auténtica, capaz de movilizar identidades, recuerdos y sentimientos de pertenencia nacional. Por otro, existe una estructura económica global que transforma esa emoción en un recurso altamente rentable.La cuestión ya no consiste en decidir si debemos dejar de disfrutar el fútbol. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a dejar de cuestionar las condiciones que hacen posible ese disfrute y las desigualdades que lo atraviesan.
Reconocer el entusiasmo que despierta la selección mexicana, no debería impedirnos observar críticamente quién controla el espectáculo, quién obtiene los mayores beneficios y quiénes quedan excluidos de su núcleo. Porque, al final, la felicidad compartida frente a un gol pertenece a la gente. Lo que merece ser debatido es todo aquello que, alrededor de esa emoción colectiva, ha sido apropiado por estructuras de poder que tienen mucho más que ver con los negocios y la política que con un balón y una cancha.
Como se ha sostenido anteriormente, el fútbol también puede entenderse como una forma de democracia (Zárate, 2017). Precisamente por ello, vale la pena preguntarnos quiénes pueden ejercerla plenamente y quiénes permanecen observándola desde las gradas, o incluso desde fuera de ellas.