Por Gabriela Baltodano
En el contexto del orden global contemporáneo, la movilidad humana alcanza dimensiones históricas, y la cuestión del acceso a la educación para los migrantes es un dilema de naturaleza filosófica, ética y política. Entonces, ¿Debe la educación ser concebida como un derecho indispensable de todos los seres humanos, o, por el contrario, un privilegio sujeto a las condiciones políticas y económicas impuestas por los Estados receptores?
El acceso a la educación, en su concepción más elevada, debería ser considerado un recurso imprescindible de la dignidad humana. A pesar de ello, la realidad es que, en muchos contextos, los migrantes se enfrentan a un acceso limitado de este derecho básico, siendo víctimas de una exclusión estructural. En virtud de ello, la segregación educativa de los migrantes refleja una desigualdad social y económica, que contribuye a la perpetuación de estereotipos y prejuicios. Este enfoque condiciona el acceso a la educación a un estatus migratorio, privando a los individuos de la oportunidad de contribuir a la sociedad receptora.
Por el contrario, si aceptamos que la educación es el principio del progreso social y económico, debemos entonces cuestionar si realmente podemos permitirnos excluir a aquellos que, por razones fuera de su control, se encuentran desplazados de su tierra de origen. Por eso, la educación para los migrantes no debe considerarse un acto de caridad, sino una inversión en la construcción de una sociedad inclusiva, plural y sostenible.
Entonces, el debate sobre el acceso a la educación para los migrantes es, en última instancia, un debate sobre el tipo de sociedad que aspiramos a construir. Si la educación es un derecho fundamental y universal, entonces su acceso no debe depender de la condición migratoria, sino de la necesidad de garantizar una convivencia equitativa y humana en un mundo donde las fronteras, lejos de dividirnos, deberían acercarnos. Por lo tanto, la educación para los migrantes, lejos de ser un privilegio, debe ser considerada una obligación moral y política de las naciones que se proclaman defensoras de los derechos humanos y la justicia social.