Por Gabriela Baltodano
En la actualidad, México cuenta con un marco jurídico que protege el derecho a la educación a las niñas, niños y adolescente mediante diversas políticas públicas que se orientan: a la inclusión, a la equidad y a la permanencia escolar. Sin embargo, para hablar sobre los avances actuales, es necesario reconocer que existen desafíos que limitan el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Dicho derecho es fundamentado en el artículo 3ro de la constitución política mexicana, y estable que el gobierno tiene el deber de garantizar la educación básica y media superior a todos sus ciudadanos. A su vez, debe promover la inclusión, la igualdad y la interculturalidad. Este marco constitucional es el fundamento que tiene el gobierno para crear las políticas públicas educativas de donde se desprenden las estrategias para la garantía del acceso y la permanencia escolar.
Desde una perspectiva internacional, organismos como la UNESCO destaca el sistema educativo mexicano como uno de los más grandes de Latinoameríca, y garantizar el acceso, permanencia, la equidad y la calidad educativa representa uno de los retos más grande en la actualidad.
También, ha señalado que en efecto la educación actual, ha alcanzado dimensiones incluso de sostenibilidad ambiental, cultura de paz, igualdad de género y educación intercultural. Lo anterior refleja la implementación efectiva de las políticas públicas actuales, así como una visión más amplia de la garantía de este derecho en beneficio del desarrollo social.
Por otro lado, aun que los avances es posible verlos año con año en el programa sectorial de la educación, estos avances aún enfrentan desafíos estructurales que disminuyen la efectividad de las políticas y por consiguiente en pleno ejercicio de los derechos educativos, con énfasis en las niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Además, los retos como el rezago escolar, el acceso y las desigualdades estructurales, demuestran que es necesario seguir fortaleciendo el sector educativo con mayor financiamiento, innovación pedagógica y programas de apoyo a los estudiantes para garantizar la permanencia de estos en el sistema educativo y su bienestar social en general.
En este sentido, México, al reconocer al sector educativo como primordial para el desarrollo social, también acepta que es un compromiso colectivo para que las niñas, los niños y los jóvenes puedan acceder al derecho a la educación como un ejercicio individual que fortalece el futuro de México.