Abdelkarim Chanona
La estabilidad política de la República del Perú se vio mermada, nuevamente, tras el anuncio de disolución del Congreso ordenada por el ya expresidente Pedro Castillo. La crisis política no quedó restringida a Perú, pues los esfuerzos del Gobierno Federal Mexicano de extraer a Pedro Castillo del país para transportarlo a México desembocaron en una crisis diplomática entre México y Perú, el cual es un aliado comercial adscrito a la Alianza del Pacífico.
Desde el fin de la Revolución Mexicana, la política exterior de México se ha caracterizado por abogar por la resolución pacífica de los conflictos internacionales, reprobando cualquier conflicto armado y cualquier intervención de potencias extranjeras en asuntos internos. Al mismo tiempo, México ha sido un actor activo para salvaguardar a personas perseguidas en sus países por motivos políticos.
La Constitución Política que hoy nos rige estableció, en su artículo 89 párrafo X, que: el Presidente dirigirá la política exterior apegándose a los valores de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la cooperación internacional para el desarrollo, entre otros. Estos principios rectores son resultado de la Doctrina Carranza y la Doctrina Estrada, declaraciones encaminadas a mantener a México en el escenario internacional como un actor pasivo y no alineado con el resto.
El asilo político, por otro lado, desde el siglo XX ha sido una constante por parte del cuerpo diplomático mexicano; habiendo ofrecido protección y alojo a personajes de política como León Trotski, Héctor José Cámpora y Mohammed Reza I de Irán. En algunos casos, estas acciones han sido impulsadas por México como un actor activo, lo que significa que ha ejecutado operaciones para rescatarlos. Tal ha sido el caso de los asilados políticos hispanoamericanos más recientes como Evo Morales o el fallido intento de Pedro Castillo.
Debido a las repetidas declaraciones del Presidente de México a favor de Pedro Castillo, la Cancillería Peruana advirtió dejar de referirse al tema porque representaba injerencia en asuntos internos. Poco después, los esfuerzos de México por proteger a Pedro Castillo fallaron y lograron extraer a su esposa e hijos como asilados políticos. Esto último provocó que el Gobierno del Perú declarara “persona non grata” al Embajador mexicano y ordenara su expulsión por intrusión en asuntos internos. Con la familia de Pedro Castillo, las autoridades mexicanas sí notificaron y fue aprobado por la Cancillería Peruana.
En el mismo sentido, el Gobierno de Bolivia en 2019 también expulsó al Embajador mexicano alegando intrusión en asuntos internos por parte del gobierno mexicano, en alusión al ex-asilado político Evo Morales.
La ambivalencia de México, con principios constitucionales pasivos y no alineados, y acciones activas en el exterior ponen en entredicho el respeto íntegro de la Doctrina Carranza y Estrada en el siglo XXI. ¿Cómo mantener una política exterior no intervencionista y, al mismo tiempo, ejecutar operaciones a expensas de los gobiernos de otras naciones? La respuesta será vital para evitar futuras crisis diplomáticas y posibles perjuicios económicos para México, especialmente cuando se trata de aliados comerciales.