Por Edrei Álvarez
El ascenso de Laura Fernández Delgado a la presidencia de Costa Rica condensa una de las tensiones más visibles de la política contemporánea en América Latina: la convivencia —no siempre armónica— entre discursos de izquierda y derecha.
Países gobernados por fuerzas de izquierda o centroizquierda —como México, Brasil y Colombia— concentran una parte importante de la población regional. Mientras que gobiernos de derecha o derecha radical —como Argentina, Paraguay, Ecuador, El Salvador o recientemente Chile y Costa Rica— controlan territorios estratégicos y marcan la agenda en seguridad, economía y orden público. Medido por población, la región está casi dividida en mitades; medido por narrativa, la derecha ha logrado colocar con fuerza los temas de inseguridad, hartazgo social y rechazo al progresismo cultural.
Esta nueva derecha no se define únicamente por su ubicación tradicional en el eje ideológico, sino por su lógica populista. Fernández, como otros liderazgos contemporáneos, se presenta como una figura antisistémica frente a las élites que gobernaron durante décadas, aun cuando sus propuestas económicas no rompen con el modelo dominante. Hay una crítica explícita a los partidos históricos y a la política profesionalizada, pero no a las reglas del mercado ni a la centralidad de la inversión privada.
¿Quién es Laura Fernández en este contexto? Con 39 años, fundadora en 2022 del partido Pueblo Soberano (PPSO), su trayectoria política está estrechamente ligada al actual presidente Rodrigo Chaves de quien fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Desde ahí construyó un perfil técnico, con énfasis en resultados económicos —como la disminución del desempleo e inflación— y eficiencia del Estado, que hoy le permite presentarse como continuidad exitosa y, al mismo tiempo, como ruptura generacional y política.
Uno de los ejes más reiterados de su discurso es la llamada Tercera República. Fernández utiliza esta noción para señalar el agotamiento del bipartidismo histórico y justificar una nueva etapa política. Sin embargo, el concepto permanece deliberadamente ambiguo. En términos jurídicos y constitucionales, una nueva república implicaría una refundación del Estado mediante una asamblea constituyente y un nuevo pacto constitucional. No obstante, con 31 de 57 diputaciones, su partido no cuenta con la mayoría calificada necesaria para una reforma de esa magnitud. La pregunta, entonces, es si esta Tercera República será un proyecto institucional real o un significante político destinado a legitimar reformas parciales y una reconfiguración del poder desde el Ejecutivo.
Esa tensión se hace más visible en su relación con la oposición y los medios de comunicación. En su discurso de victoria, Fernández exhortó a los partidos opositores a abandonar la confrontación (“bravuconerismo” y “canibalismo”, en sus palabras) y concentrarse en la vigilancia y fiscalización del gobierno, mientras recordaba a la prensa su responsabilidad con las audiencias”de entregar información fidedigna. Estas declaraciones operan como mandatos normativos: definen qué debe hacer la oposición y cómo deben comportarse los medios. No es censura directa, pero sí una forma de disciplinamiento simbólico que reconfigura los márgenes del disenso. En ese mismo discurso, aseguró que no habrá represalias por la supuesta narrativa que sostuvieron , tanto oposición como medios, de que el plan de Fernández era similar a la del autoritarismo.
El segundo gran pilar de su propuesta es la mano dura en seguridad. Costa Rica atraviesa hoy una crisis de violencia inédita con una tasa aproximada de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. El país se mantiene por debajo del promedio regional, pero registra un crecimiento sostenido del crimen organizado, particularmente en la costa este del Atlántico (provincia de Limón), vinculada a las rutas del narcotráfico internacional.
En este escenario, Fernández ha expresado abiertamente su admiración por el modelo de Nayib Bukele y ha planteado la ampliación de cárceles de máxima seguridad, el trabajo forzoso para personas privadas de la libertad y la posible suspensión de garantías constitucionales en zonas específicas. El dilema es conocido: aunque estos modelos muestran impactos inmediatos en indicadores de violencia, su implementación suele entrar en conflicto con estándares de derechos humanos y debido proceso. En Costa Rica, un país con una tradición institucional sólida y sin fuerzas armadas, el riesgo no es menor, sobre todo si estas medidas se articulan con un discurso de refundación estatal que podría redefinir los límites de las garantías individuales.
El tercer elemento que ubica a Fernández dentro de una derecha conservadora es su posicionamiento en temas sociales. Sus declaraciones contra el aborto, su énfasis en “los no nacidos”, la constante referencia a Dios y a las bendiciones divinas, y su cercanía con un imaginario cristiano, configuran una visión poco laica del poder. Aunque estos temas han quedado momentáneamente fuera del centro de la agenda, siguen funcionando como marcos morales que pueden activarse en futuras decisiones de política pública, especialmente en lo relativo a derechos de las mujeres y diversidades.
La “presidente” (como ella prefiere que se le llame) Laura Fernández encarna así una derecha populista en el discurso, liberal en lo económico, conservadora en lo social y ambigua en lo institucional. Su triunfo —con el 48 % de los votos, sin necesidad de segunda vuelta y una muy alta participación electoral (69%)— confirma que esta narrativa conecta con un electorado cansado del progresismo simbólico, pero no necesariamente dispuesto a desmontar el modelo económico.
¿Cuáles son las lecciones para México? La derecha no regresa repitiendo viejos dogmas, sino apropiándose del lenguaje del cambio, del hartazgo y, paradójicamente, de los derechos humanos, para resignificarlos. Sostener una agenda progresista implica no solo ganar elecciones y territorio, sino defender con coherencia los derechos conquistados, antes de que sean utilizados como bandera por quienes buscan restringirlos.