Por: Yuliet Bedoya
El 2 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la geopolítica de América Latina. Estados Unidos llevó a cabo una operación militar que culminó con ataques aéreos contra objetivos en Caracas y otros estados venezolanos, seguida de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El presidente Donald Trump justificó esta acción invocando acusaciones de narcoterrorismo y anunció que Estados Unidos asumiría temporalmente el control del país para garantizar una “transición segura”. Sin embargo, más allá de la retórica oficial de la restauración democrática, es evidente que esta ofensiva responde a intereses geoestratégicos: el control de los vastos recursos naturales del territorio. La riqueza petrolera y minera de la región constituye el factor determinante y no declarado detrás de esta intervención, situando a Venezuela una vez más como el epicentro de la disputa por la hegemonía energética.
De modo que esta intervención está generando un debate polarizado: para algunos, representa una violación a la soberanía nacional; para otros, es el fin de una dictadura responsable de una crisis humanitaria que ha desplazado a millones de personas. Dentro de esta narrativa, el impacto migratorio adquiere un papel protagonista, no solo como consecuencia social, sino como argumento geoestratégico. Desde 2014, la inestabilidad económica y política ha forzado la salida de casi ocho millones de venezolanos, una de las mayores crisis de desplazamiento en la historia de América Latina. Trump vinculó estratégicamente al régimen de Maduro con el narcotráfico y la migración masiva hacia Estados Unidos, argumentando que la intervención aliviaría esta presión.
A corto plazo, la captura de Maduro no garantiza la desarticulación inmediata de un aparato de poder consolidado durante décadas, lo que proyecta una transición dilatada y sujeta a fuertes fricciones institucionales. Si bien la eventual normalización del país podría incentivar el retorno voluntario de la diáspora radicada principalmente en Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, esta posibilidad se ve ensombrecida por la incertidumbre que genera el vacío de autoridad y las diferencias ideológicas radicales. En este escenario, la falta de certezas sobre la gobernabilidad y el futuro del control territorial podría, paradójicamente, inducir nuevos flujos migratorios, ya que la población se enfrenta a un horizonte político todavía ambiguo y propenso a la inestabilidad antes de alcanzar una verdadera recomposición del tejido social.
De lado de esto, resulta particularmente preocupante cómo este vacío representa una oportunidad para grupos ilegales en la frontera colombo-venezolana, como el ELN, las disidencias de las FARC y las redes de narcotráfico, que podrían aprovechar el desorden para expandir sus operaciones de contrabando, tráfico de armas y control territorial.
En resumen, la migración venezolana es un síntoma directo de décadas de inestabilidad política. Este reciente acontecimiento marca un quiebre histórico, pero su interpretación —intervención externa o liberación— depende de perspectivas ideológicas. El futuro de Venezuela, así como su impacto en la región, dependerá de una transición gestionada con inclusión y respeto a la soberanía, evitando la repetición de errores pasados en las intervenciones estadounidenses.