Por Mónica Velasco
En un mundo que se enorgullece de sus avances en cooperación internacional y derechos humanos, resulta desgarrador constatar que el hambre sigue siendo utilizada como una herramienta letal en los conflictos armados. Lejos de ser un daño colateral, el hambre se ha convertido en una táctica intencionada para someter, desplazar y destruir comunidades enteras. Dos ejemplos recientes y dolorosos son Gaza y Sudán, donde la violencia y el colapso institucional han dejado al descubierto la cara más cruel de un fracaso global: permitir que el alimento, un derecho humano fundamental, se convierta en un arma de dominación.
En Gaza, tras meses de enfrentamientos, la ONU ha alertado sobre una situación alarmante: la población enfrenta el nivel más alto de inseguridad alimentaria jamás registrado, con más del 93 % de sus habitantes sin acceso estable a alimentos. El bloqueo sistemático a la ayuda humanitaria impuesto por Israel ha sido denunciado por múltiples organizaciones internacionales como un crimen de guerra. Por otro lado, en Sudán, la crisis alimentaria alcanza niveles críticos, con 25 millones de personas en riesgo y campamentos como Zamzam mostrando señales claras de hambruna. En ambos lugares, la destrucción de infraestructuras agrícolas, las restricciones a la ayuda y el colapso de las rutas de distribución evidencian que el hambre no es un accidente, sino una estrategia política deliberada.
La Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2018, prohíbe de manera explícita el uso del hambre como método de guerra. Sin embargo, la constante violación de esta norma en Gaza y Sudán revela la fragilidad de las instituciones internacionales y la falta de voluntad política para hacerla cumplir. Si el derecho humanitario puede ser ignorado sin consecuencias, ¿qué esperanza queda para quienes están atrapados entre el hambre y la violencia? La comunidad internacional debe entender que no se trata solo de crisis humanitarias, sino de actos de guerra que quedan impunes y que requieren una respuesta urgente, tanto jurídica como diplomática.