Por Grisel Pérez
En las últimas décadas, la equidad de género se ha consolidado como un eje central dentro de la agenda global de desarrollo. Lejos de ser un tema exclusivo de derechos humanos, hoy se reconoce como un elemento fundamental para el crecimiento económico, la estabilidad política y la justicia social. En este contexto, la gobernanza internacional ha jugado un papel clave al articular esfuerzos entre Estados, organismos multilaterales y sociedad civil. Particularmente, ONU Mujeres se ha posicionado como un actor estratégico en la promoción de políticas públicas con perspectiva de género. Este ensayo analiza la relación entre gobernanza internacional y equidad de género, destacando el rol de ONU Mujeres en el diseño e implementación de políticas públicas inclusivas.
La gobernanza internacional puede entenderse como el conjunto de normas, instituciones y procesos que regulan la cooperación entre países frente a problemáticas globales. En materia de género, esta gobernanza ha permitido establecer marcos normativos que orientan la acción de los Estados. Documentos clave como la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 5, han sentado las bases para la transversalización de la perspectiva de género.
La equidad de género en la gobernanza internacional implica no solo reconocer las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, sino también promover mecanismos que aseguren la participación igualitaria en la toma de decisiones. Esto incluye desde la representación política hasta el acceso a recursos económicos y sociales. Sin embargo, a pesar de los avances normativos, persisten brechas significativas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la implementación de estos compromisos.
ONU Mujeres, creada en 2010, surge como una respuesta institucional para acelerar el progreso en materia de igualdad de género. Su mandato incluye apoyar a los Estados miembros en la formulación de políticas públicas, generar evidencia empírica y coordinar esfuerzos internacionales.
Uno de los principales aportes de ONU Mujeres ha sido la promoción de la transversalización de género (gender mainstreaming), una estrategia que busca incorporar la perspectiva de género en todas las etapas del ciclo de políticas públicas: diseño, implementación y evaluación. Esto ha permitido que temas como la violencia de género, la participación política de las mujeres y la autonomía económica sean abordados de manera integral.
Además, ONU Mujeres ha impulsado iniciativas globales como HeForShe, que busca involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad, y ha trabajado estrechamente con gobiernos para fortalecer marcos legales y políticas públicas. En América Latina, por ejemplo, ha contribuido al desarrollo de presupuestos con enfoque de género y a la creación de sistemas de monitoreo para evaluar avances.
Las políticas públicas con enfoque de género son aquellas que reconocen las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, y buscan corregirlas mediante intervenciones específicas. Estas políticas pueden abarcar diversos sectores, como educación, salud, empleo y seguridad.
Un elemento clave en su efectividad es la incorporación de datos desagregados por género, lo que permite identificar brechas y diseñar soluciones más precisas. Asimismo, la participación de las mujeres en la formulación de estas políticas es fundamental para garantizar que respondan a sus necesidades reales.
No obstante, uno de los principales desafíos radica en la implementación. En muchos países, las políticas existen en el papel, pero carecen de recursos suficientes o voluntad política para llevarse a cabo. Aquí es donde la gobernanza internacional y organismos como ONU Mujeres desempeñan un papel crucial al brindar asistencia técnica y presión internacional para el cumplimiento de compromisos.
A pesar de los avances, la equidad de género enfrenta múltiples desafíos en el contexto actual. La persistencia de normas culturales discriminatorias, la violencia de género y las desigualdades económicas siguen limitando el desarrollo pleno de las mujeres. Además, crisis globales como la pandemia de COVID-19 han exacerbado estas brechas.
En este sentido, es necesario fortalecer la gobernanza internacional mediante una mayor coordinación entre actores y un compromiso más firme por parte de los Estados. Asimismo, se requiere innovar en el diseño de políticas públicas, incorporando enfoques interseccionales que consideren factores como la raza, clase y edad.
El futuro de la equidad de género dependerá en gran medida de la capacidad de los sistemas de gobernanza para adaptarse a estos retos y de la continuidad del trabajo de organismos como ONU Mujeres.
La gobernanza internacional ha sido un pilar fundamental en la promoción de la equidad de género, al establecer marcos normativos y mecanismos de cooperación entre países. Dentro de este sistema, ONU Mujeres ha desempeñado un rol estratégico al impulsar políticas públicas con perspectiva de género y apoyar a los Estados en su implementación. Sin embargo, los avances logrados aún son insuficientes frente a las persistentes desigualdades. Por ello, es indispensable fortalecer tanto la voluntad política como los mecanismos de gobernanza para garantizar que la equidad de género deje de ser un objetivo aspiracional y se convierta en una realidad tangible.