Por Pedro Rivera Hernández
México se encuentra ante una coyuntura crítica en materia de derechos humanos. El informe mundial de Human Rights Watch señaló que durante este 2025 aún persiste una impunidad estructural en el ámbito de las desapariciones, la tortura y la actuación de las fuerzas militares. Al mismo tiempo, organismos nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron cifras que demuestran el volumen de solicitudes de intervención y violaciones investigadas. Este escenario exige una reflexión serena sobre los retos y las posibilidades de avance en la materia.
Un primer determinante es el estado del sistema de justicia. La reforma constitucional aprobada en 2024, que plantea la elección popular de todos los jueces estatales y federales en 2025-2027, ha sido señalada como un riesgo para la independencia judicial. La debilidad institucional y la baja resolución de investigaciones agravan la crisis de confianza en el Estado de derecho. Cuando los órganos encargados de garantizar los derechos pierden eficacia, la garantía misma de esos derechos se erosiona.
En segundo lugar, la crisis de las desapariciones forzadas y de personas no localizadas continúa siendo uno de los desafíos más urgentes. Según datos recientes, los estados de Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León concentran aproximadamente el 44.3 % de los casos en el país. Este fenómeno no solo representa una tragedia humana, sino una falla del sistema amplio de protección, búsqueda, investigación y reparación. Por tanto, la desaparición masiva alimenta inseguridad, miedo social y deslegitimación del pacto estatal-ciudadano.
Otro eje crítico es la defensa de los derechos de las personas y comunidades defensoras del medio ambiente. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental advierte que el 2024 fue nuevamente un año “muy violento” para esas personas y comunidades, en el marco de megaproyectos, criminalización y agresiones letales. Esta situación pone de relieve cómo los derechos humanos se entrelazan con la eficiencia regulatoria, la justicia ambiental y el modelo de desarrollo: el incumplimiento de una dimensión incide directamente en las demás.
Asimismo, resulta decisivo observar los avances en medición y diagnóstico del ejercicio de los derechos. El Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), en colaboración con la Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame, presentó en junio de 2025 su “Primer Informe de Derechos Humanos” en la entidad. Este documento evalúa, mediante instrumentos empíricos, el goce efectivo de 23 derechos fundamentales. Esta práctica de diagnóstico constituye un paso sustantivo hacia el diseño de políticas públicas informadas y con base en evidencia.
Las instituciones del Estado también muestran señales de cambio. En su Programa Anual de Trabajo 2025, la CNDH define como ejes la prevención de las violaciones y la no repetición. No obstante, el solo planteamiento no es suficiente: la efectividad dependerá del nivel de rendición de cuentas, del financiamiento real, de la articulación interinstitucional y de la participación ciudadana activa. Por ello, la institucionalidad está en un momento que requiere más que intenciones.
La situación de los derechos humanos en México a lo largo de este 2025 plantea una paradoja: los diagnósticos y las reformas evidencian conciencia del problema, pero la materialización de los derechos sigue chocando con estructuras de impunidad, desigualdad y debilidad institucional. Si se desea avanzar, es indispensable articular medición rigurosa, rendición de cuentas real y participación social efectiva. Sin esa tríada, los derechos humanos corren el riesgo de convertirse en consignas más que en realidades vividas por la población. Mi opinión es que México está en una encrucijada: puede elegir el camino del fortalecimiento de su marco de derechos o resignarse a la normalización de las crisis. La decisión colectiva marcará el rumbo de las próximas décadas.