Por Paulo Lugo
Hay una pregunta que los gobiernos mexicanos han evitado responder con honestidad durante dos décadas: ¿cuánto más puede costarnos mantener viva a Pemex? No como retórica de oposición ni como consigna privatizadora, sino como una pregunta contable, real y urgente. La empresa petrolera que alguna vez financió casi un tercio del presupuesto federal es hoy la más endeudada del sector a nivel mundial, produce menos de la mitad de lo que producía en su mejor momento, y recibe transferencias anuales del erario que ningún funcionario llama por su nombre: rescate.
Pemex fue, durante buena parte del siglo veinte, el pilar sobre el que México construyó su Estado moderno. Sus ingresos financiaron carreteras, universidades, hospitales y programas sociales. La expropiación petrolera de 1938 es uno de los pocos momentos de la historia reciente en que la nación se reconoció a sí misma en una decisión de gobierno. Ese origen marca todavía el debate: hablar mal de Pemex se siente, para muchos, como hablar mal del país. Esa confusión entre símbolo e institución es, precisamente, lo que ha impedido un diagnóstico serio.
La empresa más endeudada del mundo en su sector recibe año tras año inyecciones del erario mientras su producción cae. La pregunta no es si Pemex es estratégico, sino hasta cuándo y a qué costo. Hablar mal de Pemex se siente, para muchos, como hablar mal del país. Esa confusión entre símbolo e institución es lo que ha impedido un diagnóstico serio durante veinte años.
Los datos no respetan sentimentalismos. La producción de crudo cayó de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a menos de 1.8 millones en 2024. No es una caída coyuntural atribuible a un solo gobierno o a un ciclo de precios: es una tendencia estructural que atraviesa administraciones panistas, priistas y morenistas por igual. Los yacimientos maduros se agotaron. La inversión en exploración fue insuficiente durante años. La tecnología no se renovó al ritmo que exigía la frontera energética mundial. Y la carga fiscal que el Estado le impuso a la empresa durante décadas —extrayendo hasta el 60 por ciento de sus ingresos brutos en su época de mayor producción— la dejó sin músculo financiero para reinvertir en su propio futuro.
La reforma energética de 2013 intentó resolver ese problema abriendo el sector al capital privado. El diagnóstico era correcto: Pemex no podía solo. La solución fue, en cambio, políticamente mal vendida, mal regulada en sus primeros años y mal ejecutada en varios contratos. Cuando llegó el gobierno de López Obrador, la reforma se revirtió en los hechos, se cancelaron licitaciones, se alejó a los socios privados y se apostó a una autosuficiencia energética que descansaba sobre una empresa con las finanzas en cuidados intensivos. La refinería de Dos Bocas se convirtió en el símbolo de esa apuesta: proyectada en 8 mil millones de dólares, construida con una factura final que aún se debate públicamente, y operando muy por debajo de su capacidad prometida.
El resultado acumulado es una deuda total que supera los 105 mil millones de dólares —la cifra más alta entre todas las petroleras estatales del mundo— y vencimientos regulares que el gobierno federal ha cubierto, en parte, con transferencias directas del presupuesto. Eso es dinero que compite con partidas de salud, educación, infraestructura y seguridad. No es una abstracción financiera: es una elección sobre quién recibe qué, y hasta ahora la respuesta ha favorecido de forma sistemática a una empresa que no ha demostrado capacidad de revertir su declive con esos apoyos.
El costo de oportunidad del rescate permanente
- Cada peso transferido a Pemex es un peso que no llega a hospitales, escuelas o infraestructura social.
- El subsidio encubierto desincentiva la eficiencia interna y protege estructuras sin rendición de cuentas real.
- La señal de riesgo que emite Pemex encarece el financiamiento soberano de México en los mercados internacionales.
- La deuda de Pemex tiene garantía implícita del Estado, lo que convierte su insolvencia en un pasivo contingente de toda la nación.
El gobierno de Claudia Sheinbaum hereda este escenario sin haber cambiado todavía la lógica de fondo. Pemex sigue siendo una prioridad política, las transferencias continúan y el discurso de la soberanía energética permanece intacto. Lo que no ha aparecido es una respuesta clara a la pregunta fiscal: ¿cuánto más y hasta cuándo? Esa ausencia no es inocente. Responderla implicaría reconocer que el modelo actual no es sostenible, y esa admisión tiene un costo político que ningún gobierno ha querido asumir.
No existe una salida indolora, y desconfiar de quien diga que sí la tiene. Pemex necesita una reestructura financiera negociada con sus acreedores que establezca un calendario creíble de saneamiento, algo que requiere transparencia sobre sus finanzas reales y apertura a esquemas de asociación que hoy la doctrina política hace difíciles. Necesita también separar con claridad sus funciones: hay yacimientos donde puede ser competitiva con inversión focalizada, y hay una operación de refinación que ha demostrado ser estructuralmente ineficiente frente a cualquier referente internacional. Tratar ambas como un solo problema garantiza que ninguna se resuelva bien.
Lo que Pemex no necesita —y lo que México no puede seguir ofreciéndole sin consecuencias— es el subsidio permanente que financia la inmovilidad. La soberanía energética es un objetivo legítimo y vale la pena defenderlo. Pero soberanía no significa que el dueño legal del petróleo sea el Estado: significa que el Estado tiene capacidad real de extraerlo, procesarlo y distribuirlo con eficiencia suficiente para no depender estructuralmente de las importaciones. En ese indicador —el único que realmente importa para la seguridad energética del país— Pemex retrocede desde hace veinte años.
El petróleo mexicano es de los mexicanos. La deuda de Pemex, también.