Por Lilian Carrera Miranda
En México persiste una confusión que resulta cada vez más costosa: creer que asignar recursos equivale a gobernar. Cada año, la discusión pública sobre el presupuesto se llena de cifras históricas, ampliaciones de gasto, programas prioritarios y anuncios de inversión que suelen presentarse como evidencia suficiente de eficacia gubernamental. Pero una cosa es repartir dinero y otra muy distinta transformar la realidad. Presupuestar no es gobernar.
El presupuesto, desde luego, es indispensable. Sin recursos no hay gobierno posible. Sin embargo, convertirlo en la principal prueba de capacidad pública es un error frecuente. Porque gastar no es resolver, ejercer no es transformar y reportar no es necesariamente mejorar la vida de la población. El dinero público solo adquiere sentido cuando logra traducirse en servicios útiles, instituciones más eficaces y resultados concretos para la ciudadanía.
Buena parte del problema está en que la conversación pública suele quedarse atrapada en los montos. Cuánto se aprobó, cuánto se ejerció, cuánto se amplió, cuánto quedó pendiente. Esa discusión es necesaria, pero claramente insuficiente. La pregunta de fondo no debería ser únicamente ¿cuánto se gastó?, sino ¿qué cambió con ese gasto?, ¿Qué problema se atendió realmente? ¿Qué servicio mejoró? ¿Qué desigualdad se redujo? ¿Qué capacidad institucional se fortaleció?
En la práctica, muchas áreas de la administración pública siguen funcionando bajo una lógica de cumplimiento formal. Lo importante parece ser integrar expedientes, justificar partidas, entregar reportes y cerrar ejercicios en tiempo y forma. Todo eso tiene valor. La disciplina financiera y la rendición de cuentas son indispensables. Pero cuando el éxito gubernamental se mide solo por la capacidad de comprobar el gasto, la política pública corre el riesgo de vaciarse de sentido. Se cumple con el procedimiento, aunque el problema permanezca intacto.
La diferencia entre administrar recursos y gobernar se observa con especial claridad en los municipios. Es ahí donde la ciudadanía experimenta al Estado de forma inmediata: en la basura que se recoge o no, en el alumbrado que funciona o falla, en las calles deterioradas, en la movilidad deficiente, en el mantenimiento urbano, en la atención comunitaria y en la respuesta frente a los problemas cotidianos. La gente no vive el presupuesto como documento técnico; lo vive como experiencia diaria. Por eso, de poco sirve presumir porcentajes de ejercicio cuando los servicios públicos siguen mostrando rezagos evidentes.
Muchos gobiernos locales operan, además, con capacidades técnicas limitadas, escasos márgenes de planeación y presiones permanentes para atender urgencias. En esas condiciones, el presupuesto suele utilizarse para apagar fuegos, responder a coyunturas o administrar inercias acumuladas, más que para ordenar prioridades y construir soluciones de mediano plazo. Se atiende la presión del día, pero no siempre se gobierna el territorio.
Por eso hace falta algo más que disciplina financiera. Hace falta dirección pública. Un presupuesto no debería valorarse solo porque fue aprobado conforme a la ley o porque se ejerció en tiempo y forma. Debería valorarse por su capacidad para generar resultados visibles, sostenibles y socialmente útiles. El dinero público no puede quedarse en la contabilidad; tiene que convertirse en bienestar, en servicios efectivos y en respuestas institucionales que la ciudadanía pueda percibir.
Eso exige evaluar de verdad. No solo revisar si el dinero salió, sino si funcionó. No solo publicar tablas interminables, sino ofrecer información comprensible para saber qué sirvió, qué no sirvió y dónde es necesario corregir. La transparencia útil no consiste en inundar de datos a la población, sino en hacer posible una pregunta básica: ¿el gobierno está resolviendo algo con los recursos que administra?
También exige reconocer una verdad incómoda: el presupuesto no sustituye la capacidad de gobernar. No reemplaza la planeación, no corrige malos diseños, no compensa la improvisación ni fortalece por sí solo a las instituciones. Puede ser una herramienta poderosa, pero sigue siendo eso: una herramienta. Sin rumbo, sin evaluación y sin responsabilidad política, el presupuesto termina moviendo cifras sin transformar estructuras.
México necesita dejar atrás la fascinación por el monto anunciado y concentrarse, por fin, en los efectos del gasto público. No se trata de gastar menos por consigna ni de gastar más por propaganda. Se trata de gastar con sentido, con prioridades claras y con resultados verificables.
Presupuestar no es gobernar. Gobernar es lograr que cada peso público tenga dirección, propósito y consecuencias visibles en la vida colectiva. Lo demás podrá servir para el discurso oficial, pero ya no alcanza para responder a una ciudadanía que exige algo más que números: exige resultados.