Ya han transcurrido semanas desde que los alcaldes de al menos 27 municipios de Nuevo León lanzaron el pacto Nuevo León para hacer frente a lo que ellos llaman un atropello al poder municipal por parte del Gobernador Samuel García.
Para su análisis, el conflicto tiene dos vertientes, la primera apunta a un asunto de politiquería partidista en relación con la designación de Adrián de la Garza como nuevo fiscal del Estado, quien por cierto tiene un pleito abierto con el Gobernador desde la propia campaña electoral en la que se enfrentaron en 2021.
La otra vertiente es en relación con el ejercicio presupuestario de 2023, y es que al parecer estos alcaldes no ven con buenos ojos el histórico reparto de 138 millones en participaciones federales que le espera a las finanzas del Estado en el próximo año.
Y por otro lado, si bien la relación del Gobernador con el ejecutivo federal ha tenido sus altibajos en los últimos meses, como cuando el Secretario de Gobernación dijo que Samuel había mentido con respecto a los proyectos hídricos y la solución a la crisis en el abasto de agua. Hoy podemos encontrar declaraciones del Presidente López Obrador que dan respaldo a Samuel García en el sentido de luchar contra la vieja política del PRIAN en Nuevo León. Tanto así que la solución fue repetir el paquete fiscal del 2022 apropiando las “copeteadas” participaciones federales.
También es una realidad que los esfuerzos de Cesar Garza, alcalde de Apodaca, han mermado en su poder de convocatoria puesto que para las últimas reuniones ya únicamente 18 alcaldes respondieron al llamado, ya sin tanta enjundia, no como cuando lanzaron ante la prensa el Pacto frente al Congreso local.
Si bien las partidas ayudarían a los municipios a invertir y mejorar los servicios para la población, tomando en cuenta que son los municipios el poder con primer contacto con la ciudadanía, es necesario que este conflicto sea verdaderamente para el beneficio de los ciudadanos y no una cacería por el desvío de recursos.
Rafael Páramo