Jorge H. Berlanga Ramírez
Hay una idea que repito a mis estudiantes, y es que la corrupción no es el desliz de una persona sin escrúpulos o que no ha leído un código de ética, sino que más bien es una condición permisiva de facto que ocurre cuando en un mismo espacio institucional coinciden cuatro condiciones y son cuando alguien tiene el monopolio de una decisión, nadie le pide cuentas de cómo la toma, sabe que difícilmente habrá castigo y tiene a la mano recursos públicos que puede orientar hacia su beneficio o el de los suyos. Robert Klitgaard en su obra Controlling Corruption, publicado en 1988 lo resumió en una fórmula y dice que:
Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – Rendición de cuentas.
Si se juntas estos verbos rectores, la corrupción tiende a ser inevitable.
Lo que inquieta de este octubre es que se juntaron donde más daño democrático se puede generar, pues y es El Instituto Nacional Electoral (INE) como bien sabemos este órgano tiene a su cargo la tarea más delicada que puede tener una institución en una democracia, que es garantizar que quien llega al poder llegue porque la gente votó por él y no por otra vía. Del INE depende que confiemos en el padrón, en la casilla, en el conteo. Es precisamente la institución que debería estar más blindada contra lo que hoy la tiene en los titulares.
Los hechos, hasta donde se conocen, son estos. El 19 de octubre, Reforma publicó que un chofer de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aparecía como apoderado de Corporativo ZEG, una de las empresas que surten material electoral al Instituto. Después que un exdirector de Administración del INE había sido representante legal de esa empresa y de Cajas Graf, ambas ligadas a los hermanos Hernández Casillas. Que las dos se registraron en el padrón de proveedores del INE dos meses después de que Taddei llegara a la presidencia. Que, tras declarar desierta una licitación en la que ellas mismas participaron, el Instituto les adjudicó de forma directa cerca de 197 millones de pesos en urnas y mamparas para la elección judicial. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación sobre contratos por 514 millones de pesos ligados a ese proveedor, con líneas que apuntan a conflicto de interés, colusión y triangulación de recursos. Taddei negó favoritismos, pidió ella misma la auditoría y el sábado 24 todavía les decía a sus colegas del Consejo General que no se iba. El domingo anunció su renuncia y el lunes 26 la formalizó ante la Cámara de Diputados, con una carta que no dedica una sola línea a los señalamientos.
Hasta hoy no existe resolución alguna que determine responsabilidad administrativa o penal de Guadalupe Taddei, esto por que aún siguen las investigaciones. La presunción de inocencia la protege como a cualquiera, y quien la sacrifique por un titular le hace al Estado de derecho el mismo daño que dice combatir. Pero la presunción de inocencia es una garantía frente al poder punitivo, no un certificado de buena administración. Que nadie haya sido sancionado no quiere decir que la institución haya funcionado bien.
Taddei dijo que se iba para proteger la estabilidad y la credibilidad del Instituto, desde mi experiencia en temas de combate a la corrupción yo lo leo como una renuncia para calmar las aguas, no para resolver el problema. Saca a la persona del foco, le baja la presión a los partidos y a Palacio Nacional, permite que el proceso electoral de 2027 siga su curso sin la presidenta en medio del escándalo. Todo eso tiene utilidad política.
La renuncia no extingue la responsabilidad administrativa ni la penal, no reintegra un peso al erario, no explica cómo una empresa que, según lo publicado, tenía cinco empleados registrados obtuvo contratos por 184 millones de pesos. Tampoco revisa los nombramientos que se hicieron ni desmonta la red. Ya suman quince renuncias de funcionarios cercanos a la expresidenta. Quince salidas y ninguna explicación pública que esté a la altura.
Porque lo que el caso deja ver es la forma de la telaraña. De acuerdo con la misma investigación periodística, Cajas Graf firmó entre 2021 y 2024 convenios con trece institutos electorales locales por más de 500 millones de pesos. La red no empieza ni termina en una oficina de Viaducto Tlalpan. Atraviesa organismos estatales, áreas de administración, padrones de proveedores, despachos y nóminas. Un chofer que es apoderado, un director de Administración que antes fue abogado del proveedor, una licitación desierta que desemboca en adjudicación directa para los mismos que concursaron. Ninguna de esas piezas, por separado, escandaliza a nadie en la administración pública mexicana, y eso es lo grave. Juntas describen un sistema que se teje con relaciones personales y se sostiene con la certeza de que nadie va a jalar el hilo.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, México obtuvo 27 de 100 puntos y quedó en el lugar 141 de 182 países, el último entre los miembros de la OCDE. Nuestro Código Penal Federal tipifica el cohecho, el peculado, el uso ilícito de atribuciones y el tráfico de influencia. Lo que no tenemos son sentencias en proporción a esos delitos. Impunidad Cero ha documentado que la mayoría de las denuncias por corrupción que presenta la propia ASF siguen sin resolverse, detenidas en la etapa de integración. La denuncia que se queda años en integración, la carpeta que nadie impulsa, el expediente que se mueve solo cuando le conviene a alguien. El tráfico de influencia es un delito, sí, pero sobre todo es la razón por la que tantos otros delitos nunca llegan a una sentencia que reintegre el Estado de Derecho.
Conviene, además, desconfiar del uso político del caso. Cuando el escándalo de un órgano autónomo le sirve a unos para pedir su desmantelamiento y a otros para conformarse con una cabeza, la discusión se pierde en lo accesorio. Tampoco ayuda olvidar cómo llegó Taddei al cargo. En 2023, Movimiento Ciudadano denunció que el comité técnico de evaluación que integró las quintetas estaba capturado. La designación es la primera puerta por la que entra, o no entra, el monopolio.
¿Qué nos hace falta, entonces?
Nos hace falta que la investigación de la ASF y del órgano interno de control llegue al final, incluidas las administraciones anteriores, con independencia del calendario electoral y de quién resulte tocado, y que si hay elementos se dé vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. Hace falta romper el monopolio en las compras de material electoral, con licitaciones realmente abiertas, testigos sociales y publicidad de quiénes son los dueños reales de las empresas que le venden al Estado. Hace falta que la Cámara de Diputados, que ahora debe designar a quien ocupe la presidencia del INE, entienda que el procedimiento de selección es un control anticorrupción y no un reparto. Y hace falta, sobre todo, que el castigo deje de ser la excepción, porque mientras la probabilidad de sanción sea mínima la corrupción seguirá siendo un buen negocio.
Construir un árbitro electoral confiable le costó a este país décadas. Una renuncia apaga el incendio de la semana, pero no revisa la instalación completa, y esa revisión no cabe en una carta dirigida a San Lázaro. Mientras renunciar siga siendo la forma más barata de rendir cuentas, vamos a seguir leyendo cartas como esa.